Situacion actual

 Ya llevamos más de un año con las supuestas medidas anti-desahucios y el “escudo social” que debía proteger a las familias más vulnerables. Tras valorar los datos que recoge el CGPJ sobre desahucios entre 2020 y lo que llevamos de 2021 puede verse perfectamente que las medidas que “prohibían” los lanzamientos no han sido efectivas en lo más mínimo. Durante el segundo Trimestre de 2020 se redujeron los desahucios considerablemente es cierto, pero como puede verse a en el 3T, 4T de 2020 y el 1T de 2021 los desahucios volvieron a recuperar su ritmo habitual.  

Las medidas “de protección” se descubren entonces como una fachada. La auténtica causa de la bajada no es más que la saturación de los juzgados en un momento puntual de confinamiento total y no las medidas que se han anunciado a bombo y platillo por el gobierno más progresista de la historia. Durante el 1T de 2021 hubo casi 11.000 desahucios, recuperando así el ritmo anterior a la pandemia. Las medidas promulgadas por el Gobierno son humo, una farsa, atrezzo para contentar a los feligreses más aprensivos.

 

Y eso no es todo. Por si la mentira de la paralización de los desahucios no fuera ya suficiente broma pesada, la realidad es que por cada desahucio que se suspenda, el Estado compensará al propietario con una indemnización. De momento no se han publicado datos oficiales sobre los costes totales de estas indemnizaciones pero queda claro que el pato lo continuaremos pagando los de siempre.

Pero no toda la culpa es del Gobierno central. En nuestro caso, Cataluña es la Comunidad Autónoma con más desahucios producidos a los largo del 1T de 2021 con más de 2.000, bastante más por debajo que Madrid, por ejemplo. A pesar de la aprobación de distintas leyes propias que pretendían o querían hacer creer que se estaban tomando medidas, la realidad es que la famosa Ley 24/2015 que obligaba a ofrecer alquiler social a los grandes tenedores en caso de que la familia se encontrase en situación de vulnerabilidad es papel mojado. Tampoco las supuestas ayudas a familias vulnerables ni la renta mínima garantida han supuesto un avance sustancial en esta materia.

 

    Y es que hay culpa para todos. No solo por la Sentencia del Tribunal Constitucional que declarava inconstitucional parte de esa ley, dejando fuera muchos casos, sinó que además la Judicatura de Barcelona se unió en 2020 para consensuar la interpretación de la susodicha ley 24/2015 y por mayoría se acordó, en contra de lo que exigía la ley, que aunque la propiedad no ofreciese el alquiler social al que estaba obligado ese no era motivo de suspensión de los desahucios, ni una causa con la que oponerse a la demanda de desahucio.  

Los Jueces y Juezas han sido un pilar fundamental para mantener el ritmo de desahucios casi intacto. Y es que si bien mediante el RD 11/20 se aprobó la famosa medida de suspensión de los desahucios, la redacción de la norma ha dado libre albedrio a los Jueces para reinterpretarla, pasando de norma a excepción. Así, casos de auténtica vulnerabilidad han sido ignorados por la Judicatura, que como auténticos sociópatas togados se dedican a decretar los desahucios sin siquiera hacer caso a la documentación aportada al proceso judicial.  

No debe olvidarse tampoco el papel de las administraciones públicas locales en todo esto. En lo que se refiere a Hospitalet, nuestra ciudad, y la 2ª más poblada de Catalunya tenemos unos servicios sociales herméticos e insensibles ante las situaciones familiares. Aquí se ha optado por no enviar a los trabajadores y trabajadoras sociales a los desahucios, para valorar in situ la situación ni mediar con la comitiva judicial. No hay auténtico acompañamiento de las familias y la única alternativa y la cual se niegan a dejar por escrito para que la decisión no pueda ser recurrida son 3 días en un albergue, sin posibilidad de almacenar tus pertenencias en ningún sitio. Cabe destacar además la telaraña que se teje con los trámites que deben realizar los usuarios para siquiera ser atendidos. Derivados de un
departamento a otro con el único fin de pasarse unos a otros la patata caliente. A nadie le gusta que le venga una familia enfurecida porque nadie la escucha ni nadie la asiste en esos momentos, así que la mejor solución es irla mareando de un lado a otro.

Para finalizar y como no podría ser de otro modo, y a pesar de la rabia, odio y frustración que podamos sentir como colectivo hacia las instituciones públicas, más preocupadas de la imagen que del contenido, está nunca será tan grande como la que sentimos por aquellas entidades privadas que han encendido esta trituradora de vidas humanas. Hablamos del BBVA, Santander, La Caixa, Sabadell... y también de sus empresas satélite... buildingCenter, Divarian, Promontoria Coliseum, Budmac Indvestment... Y muchas otras más...  

Cabe recordar que tras la “crisis financiera” de 2008 el Estado salió al rescate de estos bancos, que en la actualidad en la práctica están financiados con dinero público, de lo que no solo no nos es devuelto nada, sino que además se nos retorna en forma de violencia física y económica.  

Nos dejamos muchas cosas por decir en el tintero, pero por el momento y a grandes rasgos, la situación actual es esta. No nos queda otra que trabajar sin descanso desde fuera de las instituciones de manera colectiva, organizada y disciplinada para revertir esta situación. Hacen falta muchas más manos para tejer una auténtica red que nos permita contraatacar.